La Justicia prohíbe fumigaciones terrestres a menos de 800 metros del ejido urbano
La Justicia prohíbe fumigaciones terrestres a menos de 800 metros del ejido urbano de Sastre, en Santa Fe.
El pasado 5 de febrero, el juez de Distrito de Rafaela, Duilio Hail, dictó una resolución en el juicio de amparo ambiental que más de 40 vecinos presentaron – con el patrocinio de la Defensoría General de la provincia de Santa Fe- con el fin de alejar a una distancia “razonable” de la población las fumigaciones con agroquímicos, defendiendo la salud de la comunidad.
El juez dispuso, como medida cautelar y hasta que termine el juicio, la prohibición de fumigar con agroquímicos a una distancia menor a los 800 metros con métodos terrestres, a contar desde el límite de la planta urbana de Sastre, recordando además que se encuentra vigente la prohibición de fumigaciones aéreas a menos de 3.000 metros del mismo límite.
La medida, de carácter histórico, tiene vigencia automáticamente a partir de las notificaciones que se cursaron a las partes involucradas, según informó la letrada patrocinante de los vecinos autoconvocados de Sastre, agrupados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente.
La Defensoría que representa a los vecinos, había solicitado como medida cautelar la suspensión de las fumigaciones terrestres a 1.000 metros y las aéreas a una distancia de 1500 metros desde la finalización de la zona urbana con todo tipo de agroquímico.
“Celebramos que, aunque fuere con demora a raíz de distintas alternativas acontecidas en el transcurso del proceso, toda la población de Sastre obtenga algo de alivio a tantos padecimientos causados por las fumigaciones cercanas”, afirmaron los vecinos.
En este marco, convocaron “a la población a estar atentos y denunciar cualquier hecho violatorio de la orden judicial, a los productores a tomar conciencia y respetar las leyes y los mandatos judiciales y a la Municipalidad a revertir la postura asumida tanto en la ciudad como dentro del juicio de amparo, que incluso mereció el reproche del magistrado interviniente”.
“Toda la población será la beneficiada, incluso aquellos que se opusieron a nuestras peticiones. Es necesaria la colaboración de todos, especialmente de los funcionarios que deberán promover alternativas agroecológicas no contaminantes para la actividad económica de los campos en la zona comprendida por la cautelar”, señalaron.