La Procuraduría General de Brasil cuestionó ante la Corte Suprema el nuevo código forestal, la legislación que protege la Amazonia y otras gigantescas áreas selváticas del país y que fue recientemente reformada por iniciativa del poderoso lobby agropecuario.
La Procuraduría General de Brasil cuestionó ante la Corte Suprema el nuevo código forestal, la legislación que protege la Amazonia y otras zonas selváticas de ese país y que fue recientemente reformada por iniciativa del sector agropecuario.
En ese sentido, la Procuraduría presentó tres acciones de inconstitucionalidad contra la nueva norma y pidió su suspensión parcial, al considerar que la reforma "reduce y extingue áreas antes consideradas protegidas", informó el organismo en un comunicado.
Además, cuestionó "la amnistía" a quienes deforestaron ilegalmente antes de 2008, uno de los puntos más polémicos del código reformado.
La finalidad de la protección es "preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales", expresó la procuradora general en funciones, Sandra Cureau, quien presentó las acciones.
El código establece que parte de la Amazonia y grandes zonas forestales del país tienen que preservar los productores rurales, y su modificación mantuvo a agricultores y ambientalistas enfrentados por tres años en el Congreso, en medio de duras negociaciones. En octubre fue sancionado por la presidenta Dilma Rousseff.
Los reclamos de la Procuraduría acogen grandes cuestionamientos de los ambientalistas al nuevo código forestal, que contrapone a las dos caras de Brasil: El gigante productor y exportador agropecuario cuyos cultivos ocupan 27,7 % del territorio de 8,5 millones de km2, y la potencia ambiental con 60% (más de cinco millones de km2) de áreas verdes.
"Las acciones de inconstitucionalidad abordan cuestiones muy importantes, como que no disminuya la protección ambiental y evitar la amnistía", explicó Carlos Alberto Scaramuzza, del Instituto Internacional para la Sostenibilidad, según reseñaron agencias internacionales.
Tras años de arduos debates, la medida de la Procuraduría y la posibilidad de que la ley sea suspendida para un largo debate en el Supremo levanta dudas en todos los frentes.
Para el senador socialista Rodrigo Rollemberg, una situación de indefinición "es el peor escenario" para los productores rurales. "Tenemos que concluir el proceso de implantación del Código Forestal, con reglas claras y definidas".
El Congreso de Brasil aprobó el 25 de abril pasado una reforma a la ley forestal con la que se regularía el uso de la tierra y se atendería las demandas de la industria agropecuaria. Esta nueva legislación, que deberá ser aprobada o vetada por la presidenta Dilma Rousseff, ha sido centro de enfrentamientos entre grupos ambientalistas y productores agrícolas.